EFE Monterrey (México)
Treinta y seis policías mexicanos detenidos el mes pasado por presuntos nexos con el crimen organizado fueron puestos hoy a disposición judicial para su procesamiento y encarcelados en el estado de Nuevo León (norte), informó la fiscalía.
Un operativo de seguridad escoltó a los policías, a los que la fiscalía de ese estado fronterizo con Estados Unidos acusa de delitos de cohecho y delincuencia organizada, a cárceles de las poblaciones de Cadereyta y Apodaca.
Otros 50 agentes de las fuerzas del orden estatales y municipales detenidos en la misma operación fueron puestos en libertad, al no encontrarse que tuvieran relación, como inicialmente se presumió, con cárteles del narcotráfico, agregó la fiscalía.
Todos los agentes habían sido detenidos el pasado 16 de abril por el Ejército mexicano y por fuerzas de seguridad en Nuevo León, tras un operativo desarrollado en varias acciones para detener a más de cien policías de diversas corporaciones municipales cuyos nombres aparecían en las listas de dos sicarios del narcotráfico.
En esas listas, halladas durante la detención de dos sicarios que se enfrentaron con el Ejército en el municipio de Marín el mes pasado, se detallaban sobornos con cantidades que oscilaban entre 500 y 15.000 pesos (de 45 a 1.350 dólares), según la fiscalía.
Los agentes estuvieron detenidos un mes como medida cautelar, en aplicación de la figura de "arraigo", por la que, mediante orden judicial, la detención en indagatoria puede prolongarse hasta 90 días.
En este caso el juez dictó un plazo de un mes, que comenzó el 16 de abril y finalizaba mañana, antes de procesar a los detenidos.
En lo que va de año los cárteles del narcotráfico han desatado una oleada de violencia en el estado de Nuevo León con más de 60 asesinatos, de los que una veintena fueron agentes policiales de distintas corporaciones.
En todo México una ola de violencia que se presume ligada al narcotráfico y al crimen organizado ha dejado ya 1.012 muertos, según datos extraoficiales que hoy publica el diario "El Universal".
Ayer fue asesinado a tiros un funcionario de inteligencia de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital del país, un crimen que conmocionó a los responsables de seguridad pública en México.
En otros crímenes atribuidos también al crimen organizado fueron asesinadas varias personas más, un mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de Baja California, adscrito asimismo a labores de inteligencia, dos personas en Jalisco y tres más en Sinaloa.
Además una patrulla de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue emboscada en Guerrero en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, y los dos oficiales que iban en ella resultaron ilesos.
Treinta y seis policías mexicanos detenidos el mes pasado por presuntos nexos con el crimen organizado fueron puestos hoy a disposición judicial para su procesamiento y encarcelados en el estado de Nuevo León (norte), informó la fiscalía.
Un operativo de seguridad escoltó a los policías, a los que la fiscalía de ese estado fronterizo con Estados Unidos acusa de delitos de cohecho y delincuencia organizada, a cárceles de las poblaciones de Cadereyta y Apodaca.
Otros 50 agentes de las fuerzas del orden estatales y municipales detenidos en la misma operación fueron puestos en libertad, al no encontrarse que tuvieran relación, como inicialmente se presumió, con cárteles del narcotráfico, agregó la fiscalía.
Todos los agentes habían sido detenidos el pasado 16 de abril por el Ejército mexicano y por fuerzas de seguridad en Nuevo León, tras un operativo desarrollado en varias acciones para detener a más de cien policías de diversas corporaciones municipales cuyos nombres aparecían en las listas de dos sicarios del narcotráfico.
En esas listas, halladas durante la detención de dos sicarios que se enfrentaron con el Ejército en el municipio de Marín el mes pasado, se detallaban sobornos con cantidades que oscilaban entre 500 y 15.000 pesos (de 45 a 1.350 dólares), según la fiscalía.
Los agentes estuvieron detenidos un mes como medida cautelar, en aplicación de la figura de "arraigo", por la que, mediante orden judicial, la detención en indagatoria puede prolongarse hasta 90 días.
En este caso el juez dictó un plazo de un mes, que comenzó el 16 de abril y finalizaba mañana, antes de procesar a los detenidos.
En lo que va de año los cárteles del narcotráfico han desatado una oleada de violencia en el estado de Nuevo León con más de 60 asesinatos, de los que una veintena fueron agentes policiales de distintas corporaciones.
En todo México una ola de violencia que se presume ligada al narcotráfico y al crimen organizado ha dejado ya 1.012 muertos, según datos extraoficiales que hoy publica el diario "El Universal".
Ayer fue asesinado a tiros un funcionario de inteligencia de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital del país, un crimen que conmocionó a los responsables de seguridad pública en México.
En otros crímenes atribuidos también al crimen organizado fueron asesinadas varias personas más, un mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de Baja California, adscrito asimismo a labores de inteligencia, dos personas en Jalisco y tres más en Sinaloa.
Además una patrulla de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue emboscada en Guerrero en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, y los dos oficiales que iban en ella resultaron ilesos.
Mariel
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